Por Julio A. LouisUna nueva vuelta de tuerca negativa (¿definitiva?) ha sido la resolución de la Suprema Corte de Justicia que ha encontrado inconstitucionales las recientes leyes aprobadas por la mayoría frenteamplista en las Cámaras, que ajustaban la legislación uruguaya a las indicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se había pronunciado -a raíz de la apelación del poeta Gelman- promoviendo las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad. Otra vez se pone al país en el banquillo de los acusados por no respetar las resoluciones de organismos internacionales a los que ha adherido. Ya, con festejos de los centros militares y ¡declaraciones a la prensa!, de uno de los victimarios del Plan Cóndor (el “Pajarito” Silveira, condenado por 28 homicidios), se anuncia que será liberado el policía encarcelado por el asesinato del maestro Julio Castro, cuyos restos fueron hallados recientemente. La razón es que los crímenes no serían de lesa humanidad y habrían prescripto. Pocos días antes fue “ascendida” y apartada la jueza Mariana Motta, a cargo de numerosas causas de violaciones de los derechos humanos, blanco de todas las críticas de la oposición, al tiempo que la Suprema Corte encontró inconstitucional también una ley que grava a las grandes propiedades rurales. El Poder Judicial, con apoyo de los círculos reaccionarios militares, de las cámaras empresariales y de los partidos de derecha, traba el moderado accionar del gobierno.
