Hace pocos días asistimos al lanzamiento de la candidatura presidencial del actual alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.
Ciertamente no lo hizo de manera convencional. Eligió
mostrarle al país sus métodos de abordaje de la protesta social, y a sangre y
fuego, ofrecerse como garante del orden, llamando a “no ceder ante los
violentos”.
Afortunadamente, esta vez, las imágenes televisadas hablan
por sí mismas. Quien quiso, pudo ver en el Hospital Borda a la Policía Metropolitana
reprimiendo con balas de goma, gases lacrimógenos, y golpes de todo tipo a los
manifestantes: trabajadores, enfermeras, médicos, pacientes psiquiátricos, periodistas,
dirigentes sindicales de la Asociación
Trabajadores del Estado, diputados, ocasionales transeúntes…
nadie se salvó de la golpiza ni del mote, todos eran “violentos” de los que la
policía se defendía.
¿Pero qué ocurría en el Hospital Borda para que tantos
violentos se dieran cita allí?
El Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires decidió que se edificará un Centro
Cívico en el terreno donde se ubica un Taller Protegido (donde los pacientes
son instruidos en oficios varios, tanto como laborterapia, como a modo de
preparación para su externación).
El método ya está patentado: De madrugada llegan las
máquinas topadoras, se valla el perímetro para evitar incidentes, y la policía
metropolitana custodia el operativo. Si surge algún incidente, se reprime… y
efectivamente así fue en esta oportunidad.
Durante horas no se supo quién había dado la orden ni quién
estaba al frente del operativo. En vano dirigentes de ATE y varios legisladores
exigían hablar con una autoridad para detener la represión. A poco de andar se
supo que la orden era ilegal, en tanto existía –y existe- una medida cautelar
que impedía al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires intervenir en los Talleres protegidos
del Borda.
Fue tanta la gente que se dio cita para repudiar e intentar
impedir la demolición del Taller, que llevó varias horas a la policía restaurar
“el orden”.
Para ello no escatimaron balas ni golpes.
El saldo del operativo arrojó casi 50 manifestantes heridos,
y 8 detenidos.
Estos últimos fueron trasladados a la Comisaría 4ta., en
Parque Patricios, donde se congregó gran cantidad de gente a manifestarse
contra semejante atropello y exigiendo su inmediata liberación. Las garantías
constitucionales y las libertades democráticas fueron suspendidas de facto, y
los abogados fuimos impedidos de ver a los detenidos durante varias horas.
Cuando se nos permitió entrar, pudimos constatar la violencia ejercida por la
policía, así como las condiciones en las que fueron encerrados.
El delito imputado es “atentado y resistencia a la
autoridad”, extraño cargo cuando ninguna autoridad del Gobierno local se
encontraba allí ni, supuestamente, se había dado orden alguna. Más aún,
tratándose de un accionar ilegal el de la Policía Metropolitana
-en tanto se encontraba vigente la medida cautelar que le prohibía intervenir-,
no es delito resistirse, ya que no existía orden emitida por autoridad alguna con
capacidad de dictarla.
Gracias a la presión social de la movilización, luego de 6 o
7 horas de encierro, los detenidos fueron liberados.
Golpeados brutalmente en la detención, y alojados en celdas
como delincuentes, los “violentos” eran dos enfermeras –delegadas de ATE-, una
dirigente del sindicato a nivel nacional, un médico psiquiatra del hospital, el
padre de un paciente que había ido a retirar a su hijo, una fotógrafa, y dos
empleados.
Fue fácil así reconocer a los violentos: vestían uniforme de
policía.
(*) Abogado, Director del Departamento Jurídico de la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE)
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