Un símbolo de resistencia

Los pueblos indígenas del Cauca, se han convertido en símbolo de paz y resistencia tanto para Colombia como para el mundo. Siendo el departamento del Cauca, una de las regiones más golpeadas por la violencia, el conflicto armado, la inequidad y dónde se han producido graves hechos de violencia, infracciones al DIH y violaciones a los Derechos Humanos, en un contexto social marcado por la discriminación racial, el feudalismo, la estigmatización política, los recortes a la inversión social y el abandono estatal, no es nada descartable que el hastío de la guerra -que ya es generalizado- conduzca a que mediante la instalación de mesas de diálogo para conjurar la actual crisis en el departamento, se empiece a proponer un escenario de negociación más amplio, donde puedan converger las diferentes fuerzas sociales y los actores armados en confrontación para empezar a proponer una camino hacia la paz de Colombia.

La voluntad de paz expresada por el presidente Santos, los llamados de las organizaciones sociales y políticas, las voces de los pueblos indígenas y la certeza en algunos sectores sociales de que nos encontramos ante una oportunidad histórica para impulsar una salida político negociada al conflicto armado con la participación de los gremios y las diversas fuerzas sociales que integran nuestra sociedad, hacen pensar que en, efecto, alcanzar la paz en Colombia, si es posible.

Las negociaciones en el Cauca

El Gobierno Nacional argumenta que su obligación constitucional es proteger a los ciudadanos en todo el país, y por ello afirma que el tema de retirar a la fuerza pública no se discute. La fuerza pública permanece y permanecerá en el territorio. No obstante, esta posición ha puesto de manifiesto una profunda contradicción, pues la Constitución de Colombia también afirma que las comunidades indígenas deben gozar de plena autonomía en el manejo de sus territorios. Esta realidad, conduce al hecho inexorable, de que sólo a través del diálogo y la concertación, será posible dirimir las diferencias y frenar la violencia que sacude el departamento.

El presidente Santos, con el fin de propiciar un acercamiento con los pueblos indígenas y recuperar el orden público, ofreció 500 mil millones de pesos para inversión social. Para algunos congresistas que debatieron los hechos, era claro que si el Estado decidía convertir al Cauca en escenario de guerra también debía llevar allí la inversión y la presencia estatal. Sin embargo, la inversión social es un deber que no puede ni debe estar sujeto a negociaciones, como lo es también el deber de excluir a la población civil de la guerra y respetar la autonomía y soberanía de los pueblos indígenas.

Consciente de la necesidad de emprender acciones definitivas que lograran aminorar el conflicto, el Presidente aceptó la propuesta de instalar unas mesas de dialogo en Popayán con la presencia del ministro del Interior, Federico Renjifo, el Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Jesús Chávez, delegados de la ONU, de la OEA y de la Defensoría del Pueblo.

El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, anfitrión de la reunión, aseguró que la posición de los indígenas no es radical frente al tema de la Fuerza Pública. Lo que ellos piden es respeto a su autonomía, reconocimiento a la guardia indígena como autoridad, garantías para su seguridad y apoyo complementario por parte de Fuerza Pública.

En tono conciliador, el Gobernador también afirmó que era urgente llevar a cabo un examen tranquilo sobre los derechos a la autonomía y al territorio por parte de las comunidades indígenas, y que asimismo, estos pueblos debían reconocer que un Estado en conflicto como el nuestro, necesita que la fuerza pública opere, eso si, “coordinando su actuar con las comunidades”.

Mesas de diálogo

Antes de instalar una mesa formal de diálogo, el Gobierno Nacional conformó una comisión de Viceministros para que se reuniera en el Cauca con las comunidades indígenas, pero estas se negaron a participar en ella, exigiendo la presencia del presidente Juan Manuel Santos y de su cuerpo ministerial para realizar un diálogo pleno en el resguardo ‘La María’.

-Hemos decidido suspender el proceso- declaró el líder indígena de la ACIN, Feliciano Valencia, argumentando la ausencia de los ministros del Interior y de Defensa-pese a que suspendemos el proceso, no lo rompemos porque seguimos esperando a una comisión de alto nivel, en donde estén los ministros.

Entre los temas de diálogo propuestos por los pueblos indígenas, además de la obligatoria inversión social por parte del Estado, deben figurar en primer orden de la agenda, el derecho a ejercer control territorial, respeto y protección de sus sitios sagrados, seguridad, derechos humanos, fin de la estigmatización y la judicialización de los líderes, autoridades y miembros de las guardias indígenas, esclarecimiento de los crímenes cometidos contra sus dirigentes y comuneros y medidas eficaces para poner fin a los atropellos, crímenes y vejámenes cometidos contra los indígenas tanto por parte de la guerrilla como por parte de los paramilitares y del Ejercito Nacional.

Igualmente, la realidad del narcotráfico no puede ser tema vedado en la mesa de diálogo, pues del cultivo ilegal de la coca se nutre la guerra, pero también de ella depende buena parte de la subsistencia de las comunidades del Cauca; realidad frente a la cual no hay pronunciamientos ni propuestas claras ni de los pueblos indígenas ni del Gobierno Nacional.

La instalación de las Mesas de Diálogo y de Trabajo, donde se analizarán diversos temas, como lo concerniente a Derechos Humanos, Derechos Internacional Humanitario, DIH, fuerza pública y, desarrollo económico, social y cultural, a fin de comenzar en firme la negociación entre las partes, no ha logrado poner freno a la escalada violenta, a los crímenes contra los indígenas ni a los enfrentamientos armados que se siguen reportando en todo el departamento. Los indígenas por su parte, protagonizaron el pasado 10 de agosto, una masiva marcha desde sus resguardos hacia Popayán, exigiendo la presencia del Presidente en la apertura de los diálogos y el cumplimiento de los acuerdos.

El presidente Juan Manuel Santos, quien había designado a los ministros de Defensa, de Minas y del Interior, para adelantar los acuerdos, negándose a estar presente porque el gobierno no podía ceder a los chantajes de los indígenas, decidió, sorpresivamente, pese a que el 11 de julio había realizado un difícil consejo de seguridad con sus ministros en el municipio de Toribio, Cauca, desplazarse de nuevo hasta la región para escuchar a las comunidades.

Santos inició el encuentro afirmando que, según un mensaje interceptado por inteligencia militar, la guerrilla tenía planeado atentar contra su vida para vengar la muerte de los líderes guerrilleros Alfonso Cano y Jorge Briceño. Luego pidió perdón por las víctimas de la guerra, declaró que nunca ha considerado a las comunidades indígenas como guerrilleras o portadoras de violencia, y elevó el bastón de mando, como acto de conciliación; acto que fue interpretado como un buen indicio para emprender unos diálogos sinceros.

Sin embargo, pese a la importancia del encuentro que se prologó durante más de tres horas, no se lograron acuerdos en lo esencial. Santos, recordó que después de haber escuchado -al comienzo de su mandato- a los ancianos indígenas quejarse por la destrucción de sus sitios sagrados por parte de las tropas militares, ordenó que ningún soldado entrara a esas zonas, si no sabían de memoria lo qué significaban los sitios sagrados y la cultura indígena en esa región del país. Así como la fuerza pública está en el deber de respetar los sitios sagrados, también tiene el deber sagrado de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Los indígenas, citando la jurisprudencia nacional y diversos principios internacionales, declararon estar dispuestos a aceptar la presencia militar en el territorio pero no en sus sitios sagrados.

La presencia del Estado no se debe limitar al control militar, también debe darse a través del desarrollo económico y social, lo cual no sólo contribuiría a bajar la tensión del conflicto, sino que les otorgaría una real autonomía a los pueblos indígenas.

El conflicto es territorial

La presencia de las Farc, de mafias paramilitares, de pequeños carteles de la droga y de fuerza pública en el departamento del Cauca, no es arbitraria ni ajena a la composición social y geográfica de la región.

El Cauca es un corredor estratégico para el tráfico de armas y de droga que, además de comunicar los departamentos del Tolima con el Valle del Cauca y Nariño, tiene salida al mar pacífico; de hecho, buena parte de la actividad del contrabando se realiza en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca. La disputa de los actores armados ilegales es por consolidar el control territorial. Y a esta disputa, se suma el desarrollo de proyectos palmeros y de explotación minera, algunos en territorios indígenas y muchos, al amparo de ejércitos paramilitares que desde hace más de cinco lustros, vienen desplazando a sangre y motosierra a los campesinos de la región.

En este contexto de violencia y exclusión, un conjunto de factores sociales determinan las acciones de la guerra en el departamento, las cuales han sido permanentes durante los últimos años. La creación de la zona franca y el monocultivo de Caña, parecen estar ligadas al incremento del conflicto. “En el Cauca existe una avanzada de la agroindustria de la caña que posee y explota el 70% del territorio fértil del Valle del Cauca, su vecino geográfico. Al territorio del Cauca, también lo cerca, la recién creada zona franca del Norte del departamento, la cual le da beneficios tributarios a más de 130 empresas transnacionales que se asentaron en esta región con la implementación de la Ley Páez (Ley 218 de 1995)”[1]



Asimismo, la entrega de más de 1200 solicitudes de títulos de exploración minera, equivalentes a más de 1 millón 600 mil hectáreas, que representan el 56% del territorio, a las empresas transnacionales mineras, como la Anglo Gold Ashanti, Cerromatoso y Carboandes, atomizan el conflicto social de la región. Las concesiones mineras han generado graves crisis ambientales, de desplazamiento de comunidades y violaciones a los derechos humanos, sociales, culturales y ambientales. “Se percibe una relación de conflictos mineros con la presencia de actores armados ilegales y la militarización de territorios, en particular la creación de unidades militares especializadas en la custodia y protección de los proyectos minero-energéticos y de batallones de alta montaña en territorios indígenas”[2]

Resistencia

La permanencia de un imperio colonial que desde hace décadas domina esta región; una que como muchas otras en el país, no ha superado el feudalismo ni la esclavitud, pero donde a la vez se producen importantes procesos de resistencia civil, agravan aún más la situación en tanto precipitan la acción estatal y subversiva, para frenar los procesos organizativos, por un lado, y para cooptarlos, por el otro.

La voz de los pueblos indígenas, que desde hace más de 40 años exigen “que los armados se vayan para que nos dejen construir la paz”, no es nueva en el Cauca. Si algo ha caracterizado a los habitantes de este departamento es su perseverancia en la movilización social, sus fuertes procesos organizativos y sus permanentes actos de resistencia civil. “Desde el 2004 con la instalación de la Cumbre Nacional de Organizaciones sociales se han producido importantes actos de resistencia, como la consulta popular sobre el TLC en el 2005 cuyo resultado fue una oposición del 98%, el proceso de liberación de la madre tierra con las tomas pacíficas de las haciendas La Emperatriz y Japio, la Cumbre Nacional de Organizaciones sociales en 2006, la propuesta del Parlamento Indígena Popular en el 2007 (donde se reiteró la una alianza por la defensa y liberación de la madre tierra, ante la agresión de la que viene siendo victima por parte del gobierno nacional, las multinacionales, los megaproyectos y los comerciantes nacionales e internacionales)[3], la Minga de resistencia social y comunitaria que se inició con una marcha entre el Cauca y Bogotá el 12 de octubre de 2008, en la cual también confluyo el sonado paro laboral de los corteros de caña y el congreso de tierras, territorios y soberanías en Cali en 2011”[4]. En este periodo también se destacan las movilizaciones y propuestas ligadas a la paz, como la declaración de Toribio en 2011[5].

La presencia militar no ha garantizado la paz ni el desarrollo en la región, eso es claro, frente a ella, la guerrilla sigue haciendo histórica su presencia, recluta menores, asesina indígenas y campesinos, instala -también la fuerza pública lo hace- minas e impide que se consolide la autonomía territorial que proclama para los pueblos indígenas la constitución de 1991.

No obstante, pese a la compleja realidad que allí se vive, las autoridades indígenas y el gobernador del Cauca, creen que la paz, puede germinar justamente en este territorio, Por ello le han propuesto al Gobierno Nacional, que con el acompañamiento de la defensoría regional del pueblo, se instalen mesas de diálogo con la guerrilla a fin de alcanzar la solución negociada al conflicto armado. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales de Colombia junto al cantante argentino Piero, trabajan de manera unificada para lanzar, en un acto simbólico, el Manifiesto por la Paz en Colombia: un mandato continental, el próximo 14 de septiembre en la ciudad de Popayán.

Este Manifiesto recorrerá el continente recogiendo diversas voces y expresiones de apoyo por parte de organizaciones sociales, intelectuales, dirigentes sociales y destacados representantes del arte, las letras y la academia, con el propósito de sentar las bases para una pronta negociación de paz, en la que la ciudadanía participe y pueda exponer libremente sus propuestas e iniciativas.

La paz la pactan los guerreros, pero la construyen las sociedades que se reconcilian con su historia y con su pasado. Esa es la apuesta que surge en medio de la guerra.


La jurisprudencia

El auto 004 de 2009[6] advierte sobre el riesgo de exterminio en el que se encuentran los pueblos indígenas de Colombia, y ordena la adopción de medidas de protección a los derechos de las personas y pueblos indígenas víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado, resaltando que son uno de los grupos poblacionales más frágiles y excluidos dentro de los grupos vulnerables, por lo que merecen especial protección. De los 34 planes de protección ordenados, sólo se han cumplido dos.

Si bien la Corte reconoce que no pueden existir territorios vedados para la fuerza pública, si establece el deber del Estado de respetar los linderos de los territorios de manera que las bases militares no se instalen en zona indígena. También, recuerda que el derecho internacional humanitario y el Convenio 169 de la OIT, determina que no se pueden ubicar instalaciones militares en propiedad privada, como lo son los resguardos, tampoco en sitios de habitación de la población civil, y además, la población que se verá impactada, debe ser objeto de consulta previa, libre e informada.












[1] Texto de análisis sobre el Cauca, escrito por Fernanda Espinosa Moreno, Historiadora, estudiante de Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. / Investigadora de la Asociación MINGA


[2] Idem


[3] http://www.cric-colombia.org/imagenes/parlamento-indigena/parlamentoindigena.pdf


[4] Idem


[5] Ver declaración en: http://www.pazdesdelabase.org/pdf/declaracioncricjulio2011.pdf


[6] Si bien el Auto 004 de 2009se refiere a la Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04 y el Auto 172 de 2012 se refiere a la adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Nükak en los departamentos de Meta y Guaviare, la Corte señala que la lista de los pueblos en situación crítica no se agota con estas comunidades. Existen otras etnias para las cuales es igualmente necesario adoptar un plan de salvaguarda específico, como son los pueblos Pijao, Sikuani, U'wa, Chimila, Kuna, Yukpa, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenu, Yanacona, Kokonuko, Totoro, Huitoto, Inga, Kamentza, Kichwa y Kuiva.